El uso de tecnologías biométricas para la lucha antiterrorista en un vacío de derechos humanos
En su informe analítico de diciembre de 2021 sobre la biometría y la lucha contra el terrorismo, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (CTED) señala cómo "el uso de la biometría con fines antiterroristas -sobre todo en el contexto de la gestión y la seguridad de las fronteras- se ha extendido cada vez más".
Esto no debería sorprender, dadas las repetidas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que imponen obligaciones legalmente vinculantes a todos los Estados miembros de la ONU para desarrollar tecnologías biométricas con fines antiterroristas, junto con la fuerte promoción de estas tecnologías por parte de algunos Estados, sobre todo occidentales, y de poderosos actores de la industria.
Tampoco es de extrañar, por las razones que se explican más adelante, que estas tecnologías biométricas se hayan desplegado muy a menudo en un vacío de derechos humanos, lo que ha suscitado previsibles y graves problemas de derechos humanos.
En mayo de 2021, Privacy International (donde trabajo) publicó tres estudios de casos, documentando las implicaciones para los derechos humanos del uso de tecnologías biométricas con fines antiterroristas en Afganistán, Israel/Palestina y Somalia. Aunque los contextos son diferentes, las principales tendencias son muy similares.
En primer lugar, las tecnologías biométricas, unidas a grandes bases de datos centralizadas, pueden socavar gravemente el derecho humano a la intimidad y tener un impacto irreversible en las personas. En este contexto, "rasgos físicos relativamente fijos e inmutables" -como las huellas dactilares- se convierten en "identificadores legibles por máquinas". Los expertos en derechos humanos se preguntan cada vez más si algunas de estas tecnologías, especialmente el reconocimiento facial en vivo en espacios públicos, pueden llegar a desplegarse de forma que no violen el derecho a la intimidad y otros derechos humanos, como la libertad de reunión pacífica, reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En segundo lugar, existe un creciente peligro de "desviación de funciones", que definimos como "la ampliación gradual del uso de una tecnología más allá de su propósito original". En muchos casos recientes, las herramientas biométricas han sido reutilizadas desde los fines de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo para ser utilizadas en la aplicación de medidas de emergencia en el contexto de la pandemia del COVID-19, pero sin un marco jurídico adecuado que regule su uso o la consideración de la necesidad y proporcionalidad de tales medidas. Las organizaciones de la sociedad civil llevan tiempo instando a los gobiernos a que reconozcan y aborden la proliferación de funciones de las tecnologías biométricas y su papel en la reducción del espacio cívico en todo el mundo.
En tercer lugar, "las tecnologías biométricas pueden exacerbar la exclusión y reproducir las desigualdades raciales, étnicas, de género, de clase social y otras". Tanto el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo como el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo han puesto de relieve los efectos discriminatorios del uso de las tecnologías biométricas.
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